Castilla y León tiene la mayor capacidad de producción en el país.
El potencial de producción de biometano en España es de 163 teravatios hora (TWh) anuales, suficientes para cubrir el 45% de la demanda de gas natural del país, según los cálculos de la Asociación Española del Gas (Sedigas), que también ha apuntado que para poder aprovechar toda esa capacidad serían necesarias inversiones por alrededor de 40.500 millones de euros.
La organización ha presentado este jueves el ‘Estudio de la capacidad de producción de biometano en España’ y entre las conclusiones del informe se recoge que el desarrollo del potencial de producción de biometano en España habría supuesto un ahorro de hasta 4.000 millones de euros en la factura de los consumidores en 2022 debido la reducción de las importaciones de esta materia prima.
Asimismo, el aprovechamiento de toda esa capacidad de producción supondría la puesta en marcha de 2.326 plantas especializadas, que movilizarían esa inversión de casi 40.500 millones de euros, y se generarían cerca de 62.000 empleos entre directos e indirectos, ha resaltado la organización.
Por otro lado, la utilización de ese potencial en la producción de biometano también evitaría la emisión de 8,3 millones de toneladas de metano «que, de otra manera, se liberarían a la atmósfera de forma natural por la descomposición de los residuos reutilizados para generarlo», ha añadido Sedigas.
CASTILLA Y LEÓN TIENE EL MAYOR POTENCIAL
En el informe también se desgranan las zonas del país en las que existe una mayor capacidad de producción de biometano, una clasificación que está liderada por Castilla y León.
En ese sentido, el potencial en cada región está condicionado por factores como la tipología de residuos disponibles, la cantidad, la densidad de población o la superficie destinada a actividades primarias, entre otros.
Así, Castilla y León lidera el ranking regional con un potencial de producción de 37,78 TWh, un 23,2% de total nacional, seguida de Andalucía, con 23,62 TWh (14,5%), Castilla-La Mancha, con 20,37 TWh (12,5%) y Aragón, con 17,62 TWh (10,8%).
«En este sentido, Cataluña, por sus extensas industrias agropecuaria (porcina y avícola) y agroalimentaria, así como por sus cultivos de maíz y cebada, es una de las cinco comunidades autónomas con mayor potencial de producción de biometano. Se calcula que podría producir hasta 14,46 TWh, que representan el 8,9% del total», ha añadido Sedigas.
BARRERAS AL DESPLIEGUE
«En España, el apoyo por parte de las administraciones ha sido prácticamente inexistente, de ahí la notable diferencia en el crecimiento del sector del biometano a nivel de producción y número de plantas en funcionamiento en nuestro país comparado con otros países de la Unión Europea», ha asegurado el presidente de Sedigas, Joan Batalla.
No obstante, ha considerado que se están «dando los primeros pasos» para el desarrollo de este vector energético y que esto ha llevado a que «a día de hoy haya más de 200 proyectos en desarrollo».
Sin embargo, a su juicio siguen existiendo una serie de barreras administrativas, regulatorias, económicas y fiscales que están limitando la inversión en nuevas infraestructuras de producción de biometano, «reduciendo la penetración de este en el sector gasista y perjudicando la economía y el empleo de las zonas donde se podrían desarrollar estos proyectos».
En esa línea, ha recordado que los mecanismos de incentivos gubernamentales introducidos en países como Francia, Alemania, Dinamarca o Suecia han resultado «vitales» para potenciar el desarrollo de esta tecnología y para incentivar «tanto al inversor como al consumidor».
«Entre las principales barreras regulatorias identificadas por Sedigas se incluyen la falta de un marco legal y normativo que regule de forma eficaz y con incentivos y cuotas ambiciosas (y alineadas con el objetivo europeo de que un 10% del consumo de gas sea biometano) esta actividad; la incapacidad de disponer de un acceso competitivo a los residuos; o, un marco normativo y fiscal que sea capaz de regular los usos del biometano que no estén relacionados con aplicaciones estrictamente eléctricas, como sería la inyección en la red gasista», ha agregado.
La organización ha lamentado también la complejidad para obtener permisos y la demora en los trámites, así como la «inexistencia» de un proceso de tramitación homogéneo a nivel nacional. «En la actualidad hay 17 procesos distintos, uno por cada comunidad autónoma», ha criticado.
En cuanto a las barreras en el ámbito económico y fiscal Sedigas ha hecho referencia a la «ausencia de incentivos» específicos de apoyo a la producción, inyección en red y consumo de biometano; los impuestos asociados tanto a la generación como al punto de consumo y los costes logísticos derivados de la alta dispersión de los residuos.
EUROPA PRESS
